
El derecho a la migración se encuentra en el centro de los debates actuales en la esfera política a nivel internacional. La situación actual de crisis global ha generado un aumento significativo de flujos migratorios provocados por conflictos armados, crisis humanitarias y desigualdades socioeconómicas. Hoy en día, más de 258 millones de personas en todo el mundo residen en un país que no es el que nacieron, es decir el 3,5% de la población mundial, lo que implica que el derecho a la migración se ha convertido en una cuestión fundamental para los defensores de los derechos humanos. En este artículo, se examinará el derecho a la migración en tiempos de crisis y su relación con la protección de los derechos humanos.
El derecho a la migración se encuentra en plena consonancia con los derechos humanos universales. En el año 2000, la Declaración Universal de Derechos Humanos ya reconocía el derecho a la libertad de circulación y el derecho a buscar y recibir asilo en otros países. El derecho a la migración se basa en el principio de la igualdad, la dignidad humana y el derecho de toda persona a buscar una vida mejor. Los Estados tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de todos, independientemente de su estatus migratorio. Este derecho, también se encuentra reconocido en importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Las crisis humanitarias son una de las principales causas de los flujos migratorios actuales. Los conflictos armados y las situaciones de violencia empujan a millones de personas a huir de sus hogares en busca de seguridad, refugio y protección. En este sentido, el derecho a la migración es esencial para proteger a estos colectivos de personas que se desplazan por razones humanitarias.
Los Estados tienen como deber garantizar la protección y la seguridad de las personas que buscan refugio en su territorio. Este derecho es reconocido por la Convención de Refugiados de 1951, que define a un refugiado como una persona que huye de su país de origen debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a un grupo social particular. Además, la Convención prohíbe la expulsión o el retorno de una persona a un país donde su vida o su libertad corre peligro.
El derecho a la migración también está directamente relacionado con la protección de los derechos humanos. Los Estados no solamente tienen la obligación de garantizar los derechos de los migrantes en tránsito y en su territorio, sino también de proteger sus derechos laborales, sus derechos sociales y económicos, así como su derecho a la salud y la educación. En este sentido, el derecho a la migración debe estar acompañado de un conjunto de medidas que garanticen la protección de los derechos de los migrantes.
Un tema importante que se relaciona con la protección de los derechos humanos en el contexto migratorio es la situación de las personas migrantes en situación irregular. La exclusión de los migrantes en situación irregular del acceso a los servicios fundamentales como la salud, la educación o la justicia es una violación flagrante de los derechos humanos. Los Estados tienen que respetar y garantizar el acceso a estos servicios sin discriminación alguna, incluyendo a las personas migrantes en situación irregular.
El derecho a la migración es un derecho humano fundamental que está en el centro del debate actual sobre política internacional. Los Estados tienen la obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio. La implementación de políticas migratorias que protejan, respeten y garanticen los derechos humanos de los migrantes es esencial para promover una migración segura, regular y digna, así como para afrontar los desafíos que plantean las crisis humanitarias en todo el mundo.