¿Qué políticas públicas son necesarias para garantizar el derecho a una vivienda adecuada?
Introducción
El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados de derechos humanos internacionales. Sin embargo, en muchas partes del mundo, incluyendo en América Latina, miles de personas viven en condiciones de hacinamiento, inseguridad o carecen de una vivienda estable. Por lo tanto, es necesario implementar políticas públicas adecuadas que garanticen el derecho a una vivienda adecuada para todas las personas.
Política pública para satisfacer la necesidad habitacional
Es importante recordar que la vivienda es un bien esencial para la vida humana, y que su disponibilidad debe estar garantizada por el estado. Una política pública adecuada en este sentido debe abarcar tres aspectos importantes:
- La creación de viviendas en cantidad y calidad suficientes
- El acceso a las viviendas para aquellas personas que las necesiten, incluyendo a los grupos vulnerables
- La eliminación del riesgo habitacional
Para lograr una política pública adecuada, se necesitaría una amplia y detallada evaluación de las necesidades habitacionales de la población. Los resultados de la evaluación deben ser considerados para determinar el subsidio necesario y el mercado objetivo para los nuevos proyectos habitacionales. En este proceso es necesario promover la construcción de viviendas en donde las personas más necesitadas puedan acceder y otorgar financiamiento adecuado para la construcción de estas viviendas, especialmente en áreas rurales o en zonas periurbanas.
Creación de viviendas en cantidad y calidad suficientes
Es clave que las políticas públicas fomenten la creación de viviendas habitables y asequibles para todas las personas, sea cual sea su situación económica. Se podría lograr esto aumentando la inversión pública en infraestructura y edificaciones, asignando terrenos adecuados para la construcción y garantizando la accesibilidad de servicios como agua, electricidad y transporte.
Otra estrategia podría ser fomentar el asociacionismo de la sociedad civil y promover proyectos de autoconstrucción o de cooperativas de vivienda, en donde se establezcan redes de apoyo mutuo, aprovechando los recursos disponibles y mejorando las condiciones habitacionales de los futuros propietarios. De igual forma, se puede establecer un bono fijo, asignado por el estado, para facilitar la compra de materiales como cemento, arena, bloques, vigas etc, pero que deba ser estrictamente para este uso, con multas altamente disuasivas en caso de ser utilizado para otros fines.
Acceso a las viviendas para las personas necesitadas
Además de la creación de viviendas, también es importante gestionar una política pública que garantice el acceso a estas viviendas para todas las personas que lo necesiten, especialmente para las personas y grupos más vulnerables.
Para lograr esto, las políticas públicas deberían fomentar el desarrollo de programas de vivienda social, destinados a la población con menos recursos, que incluyan subsidios directos o préstamos a tasas de interés razonables. Además, en países con sistemas de alquiler, los programas de subsidio de alquiler podrían ser una alternativa viable como un medio de apoyo a inquilinos de bajos ingresos. Estos programas también deben incluir apoyos para aquellas personas que enfrenten situaciones de exclusión social, como mujeres sin hogar, personas mayores y personas con discapacidad u otros vulnerable.
Eliminación del riesgo habitacional
El riesgo habitacional es un problema común en muchas partes del mundo, especialmente en aquellos países en desarrollo. Este problema se relaciona con la calidad de las viviendas y las condiciones en las que se encuentran. Por lo tanto, de igual forma que deberíamos asegurar que todas las viviendas sean adecuadas y seguras para las personas, se necesitan implementar programas y políticas públicas que garanticen que la población vulnerable, como las mujeres y los niños, no vivan en situaciones de riesgo habitacional.
Los programas y políticas públicas deberían enfocarse en mejorar la calidad de las viviendas existentes a través de la reparación o renovación de las mismas, así como también asegurando que las nuevas viviendas se construyan con los materiales adecuados y siguiendo los requisitos de salud y seguridad habitacional. El Estado también debe de supervisar la construcción de vivienda por medio de entidades reguladoras, asegurándose que todas las construcciones cumplan con todas las regulaciones y estén hechas correctamente para evitar problemas futuros.
Conclusiones
La garantía del derecho a una vivienda adecuada es esencial para cualquier sociedad en su totalidad. Por lo tanto, es importante que los gobiernos sean responsables de proporcionar políticas públicas destinadas a promover y proteger este derecho humano fundamental. Para lograr esta garantía se deben de enfocar en proporcionar viviendas habitables en cantidad y calidad suficientes, asegurar el acceso a las viviendas para aquellos que lo necesiten y eliminar el riesgo habitacional. Garantizando estos mínimos, se establecerá una base sólida para que las personas tengan una vida digna y saludable.