La dignidad y los derechos de las personas en situación de calle

derecho a la paz y a la seguridad

En las calles de nuestras ciudades podemos encontrarnos con personas que viven en una situación de extrema pobreza y marginación. Estas personas no tienen acceso a una vivienda digna ni a los recursos mínimos para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, agua potable o atención médica. Además, sufren la discriminación de una sociedad que los estigmatiza y los considera ciudadanos de segunda clase, lo que les impide acceder a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población.

La falta de recursos básicos

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan las personas en situación de calle es la falta de recursos básicos para cubrir sus necesidades más básicas. Estas personas no tienen acceso a una vivienda digna, lo que las obliga a dormir en la calle, a la intemperie y sin protección frente a las inclemencias del tiempo. Esto, a su vez, conlleva problemas de salud, como la exposición a enfermedades contagiosas, la malnutrición y la deshidratación.

La falta de acceso al agua potable y la higiene personal son otros factores que afectan negativamente a la salud de las personas en situación de calle. La mayoría de estas personas no pueden acudir a un baño público para lavarse o hacer sus necesidades, lo que aumenta el riesgo de contraer enfermedades infecciosas y parasitarias.

Además, estas personas no tienen acceso a una alimentación adecuada, lo que puede provocar problemas de desnutrición y enfermedades relacionadas con la falta de vitaminas y nutrientes. Muchas veces, su única opción para comer es acudir a comedores sociales o recibirla de la caridad de otros ciudadanos, lo que les genera dependencia y vulnerabilidad.

La falta de protección social

A la falta de recursos básicos se suman las dificultades para acceder a servicios básicos de atención médica y asistencia social. Debido a su situación de marginalidad, estas personas suelen estar excluidas de los programas de atención sanitaria y social que ofrece el Estado, lo que agrava su situación y les dificulta el acceso a servicios médicos y de atención social.

La falta de protección social es especialmente acusada en el colectivo de personas en situación de calle que sufren discapacidades físicas o mentales. Estas personas tienen más dificultades para encontrar un empleo estable que les permita al menos acceder a una vivienda y cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, las que sufren problemas de salud mental están especialmente expuestas a la violencia y el abuso.

La discriminación y la estigmatización

Las personas en situación de calle sufren una fuerte estigmatización social, que los hace invisibles y les impide acceder a los mismos derechos y oportunidades que el resto de la población. Esta discriminación les impide encontrar un trabajo y tener una vida normalizada, lo que a su vez les impide salir de la situación de exclusión y marginación en la que se encuentran.

El estigma social contra las personas en situación de calle se manifiesta en muchas formas. Por ejemplo, se les acusa de ser vagos, indolentes y de no querer trabajar. Sin embargo, lo cierto es que muchos de ellos están buscando empleo, pero les resulta muy difícil encontrarlo debido a la discriminación que sufren.

Además, la estigmatización también se manifiesta de forma más sutil, como la falta de atención de las autoridades públicas a sus necesidades y la falta de visibilidad en los medios de comunicación, que las convierte en un problema invisible.

La necesidad de proteger los derechos de las personas en situación de calle

Es urgente proteger los derechos de las personas en situación de calle y erradicar la exclusión y marginación que sufren. Para conseguirlo, es necesario adoptar medidas para garantizarles el acceso a los recursos básicos, como una vivienda digna, la alimentación, el agua potable y la atención médica y social. Además, es importante adoptar medidas para luchar contra la discriminación y la estigmatización que sufren estos ciudadanos.

  • Es necesario establecer programas de protección social que permitan el acceso a servicios básicos de atención médica y asistencia social.
  • Es preciso abrir comedores sociales y centros de acogida que brinden protección y recursos para estas personas.
  • Es importante establecer programas formativos y programas de integración laboral, que permitan a estas personas acceder a empleos estables y normalizar su situación.

En definitiva, es necesario adoptar una política integral para proteger los derechos de las personas en situación de calle y garantizar su inclusión en la sociedad. Solo así podremos construir una sociedad más justa y solidaria, en la que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos y oportunidades.