
Las personas en situación de adicciones han sido históricamente estigmatizadas y discriminadas. Esta situación ha generado múltiples barreras para el acceso a servicios de salud y sociales. Las políticas públicas y las prácticas clínicas, muchas veces reproducen esta discriminación e invisibilización de las personas que padecen adicciones, lo que vulnera su dignidad como personas.
El estigma y la discriminación hacia las personas en situación de adicciones, no solo afecta su acceso a servicios de salud y sociales, sino que vulnera sus derechos humanos fundamentales. Entre las vulneraciones más graves se encuentran:
Estas vulneraciones son contrarias a los tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, resulta fundamental respetar la dignidad y los derechos humanos de las personas en situación de adicciones.
La atención respetuosa y digna de las personas en situación de adicciones es fundamental para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. La atención debe ser centrada en la persona, no en la adicción. La atención debe estar orientada a promover su bienestar y su capacidad para tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.
Los trabajadores y trabajadoras de la salud tienen una gran responsabilidad en garantizar el trato respetuoso de las personas en situación de adicciones y garantizar el respeto a su dignidad. Para ello, es necesario promover una formación continua en derechos humanos y en la atención sin prejuicios.
Para lograr una atención más respetuosa y digna de las personas en situación de adicciones, es necesario:
En conclusión, garantizar la dignidad y los derechos humanos de las personas en situación de adicciones debe ser una prioridad para las políticas públicas y las prácticas clínicas. Solo así podemos asegurar una atención adecuada, respetuosa y sin discriminación hacia las personas en situación de adicciones.