
La sociedad suele tener una percepción negativa hacia las personas que ejercen el trabajo sexual, considerándolas como inmorales, peligrosas y degradadas. Esta visión estigmatizante y discriminatoria contribuye a la vulneración de los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, quienes son excluidas de muchas políticas y servicios públicos.
Es importante tener en cuenta que el trabajo sexual es una elección que realizan de forma libre y voluntaria las personas adultas que deciden ejercerlo. Por tanto, estas personas tienen derecho a un trabajo digno y a condiciones laborales justas y equitativas. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce el trabajo sexual como una actividad económica y defiende los derechos laborales de las trabajadoras sexuales. Asimismo, diferentes organismos y expertos en derechos humanos han señalado la necesidad de proteger los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual.
A pesar de los avances en la protección de los derechos laborales de las trabajadoras sexuales, la estigmatización y discriminación a las que se enfrentan estas personas les hace más vulnerables a la violación de sus derechos humanos. Las trabajadoras sexuales son objeto de violencia, acoso y abuso por parte de clientes, proxenetas y agentes de la ley. Además, frecuentemente son detenidas y juzgadas por delitos derivados de su actividad laboral, lo que aumenta su vulnerabilidad y exclusión social.
La protección de los derechos de las trabajadoras sexuales es fundamental para garantizar su dignidad y para prevenir situaciones de vulneración y discriminación. Para ello, es necesario abogar por una regulación que reconozca el trabajo sexual como una actividad laboral, que promueva su acceso a servicios públicos como la salud y la seguridad social y que garantice la protección y el respeto de sus derechos laborales. Además, es necesario combatir el estigma y la discriminación hacia las trabajadoras sexuales a través de campañas de sensibilización que promuevan una percepción más justa y respetuosa de estas personas. En definitiva, la lucha por la defensa de la dignidad de las personas trabajadoras sexuales es una lucha por la protección de los derechos humanos y por la construcción de una sociedad más justa y equitativa.