
Los derechos humanos son aquellos que corresponden a todas las personas por el hecho de serlo, sin importar su raza, género, nacionalidad o cualquier otra condición. Esos derechos son protegidos por distintos instrumentos legales, como las constituciones nacionales o los tratados internacionales. Sin embargo, a pesar de que existen esas garantías, no siempre se cumplen los derechos humanos. Una de las áreas donde esto ocurre con mayor frecuencia es en el sistema judicial.
El sistema judicial es el encargado de administrar la justicia en un estado. Eso implica resolver conflictos entre personas o empresas y aplicar penas a quienes cometan delitos. Además, el sistema judicial también debe garantizar que se respeten los derechos humanos de quienes se encuentren bajo su jurisdicción.
Para ello, los jueces y juezas deben ser independientes y estar protegidos de cualquier tipo de presión, para que puedan tomar decisiones objetivas y basadas en la ley. Además, el sistema judicial debe ser accesible para todos y todas, sin importar su condición ni su nivel de ingresos. Debe existir un mecanismo que permita denunciar cualquier violación a los derechos humanos y que se castigue a los responsables.
Uno de los mayores problemas del sistema judicial es la falta de independencia frente a los poderes políticos y económicos. Si los jueces dependen del gobierno de turno o de los empresarios que financian sus campañas, difícilmente podrán tomar decisiones que protejan los derechos humanos por encima de los intereses de esas élites.
Otro problema recurrente en muchos países es la corrupción en el ámbito judicial. Los jueces pueden recibir sobornos o presiones para fallar en favor de determinadas empresas o personas, incluso aunque eso signifique violar los derechos humanos de otras. La existencia de mafias o redes de corrupción dentro del sistema judicial contribuye a la impunidad.
En algunos países, los jueces pueden tener prejuicios raciales, sexistas u otros que influyen en sus decisiones. Si un juez cree que los migrantes o las personas LGBT no merecen el mismo trato que los demás, difícilmente protegerá sus derechos humanos si son violados.
En muchas partes del mundo, la policía utiliza la violencia física, la tortura o los malos tratos para obtener confesiones. El rubro de las drogas es un ejemplo común. Si alguien es arrestado por supuesta posesión de drogas, la policía puede amenazarlo o someterlo a condiciones inhumanas hasta que "confiese". Esa confesión a menudo será la única prueba contra la persona, que luego será condenada en un juicio sin garantías.
La falta de independencia y la corrupción del sistema judicial pueden llevar a que se dicten sentencias injustas. Algunas personas pueden ser condenadas sin pruebas o con pruebas falsas, mientras que otras pueden ser liberadas a pesar de haber cometido delitos graves. Esto contribuye a la falta de confianza en el sistema judicial, lo que a su vez dificulta la lucha efectiva contra la delincuencia.
Otro problema grave del sistema judicial es la impunidad en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales o por poderosos. Las víctimas y sus familias rara vez reciben justicia, mientras que los responsables son protegidos por sus colegas o por la estructura del poder. Esto genera una sensación de impotencia y desesperanza en la población, que no ve que haya una autoridad encargada de protegerlos.
El sistema judicial es un elemento clave en la protección de los derechos humanos. Si este funciona correctamente, puede garantizar que las personas sean tratadas con justicia y que los responsables de violaciones a sus derechos sean castigados. Sin embargo, si el sistema es corrupto, influenciado por el poder político o económico o discrimina a determinados grupos, se convierte en un obstáculo para el cumplimiento de los derechos humanos. Es necesario luchar por un sistema judicial independiente, transparente y accesible para todos y todas, que pueda cumplir su función de proteger los derechos humanos efectivamente.